La Ley Sinde, es el nombre
con el que se conoce popularmente un apartado de la Ley de Economía Sostenible
llamado Disposición final segunda con el que se pretende combatir las webs
infractoras de derechos de autor.
Esa es la versión oficial. En la práctica estamos ante
un peligroso nuevo sistema administrativo-judicial, gestionado por una Comisión
de Propiedad Intelectual que a su vez está formada por personas dependientes
del Ministerio de Cultura, con el que el Estado gana en poder para controlar lo
que circula por la red al disminuir la capacidad de análisis y decisión de los
jueces en este tipo de caso
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